“La sangre derramada jamás será olvidada”, esas eran las palabras que distintos ciudadanos panameños gritaban este lunes frente a la embajada de EE.UU en Panamá, en conmemoración de los miles de asesinados durante la invasión de Estados Unidos a Panamá en 1989.
El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares, Saúl Méndez mencionó durante una entrevista, que: “lo único que ha aportado EE.UU a la Nación es desgracia a lo largo de su historia, desde que sucedió ese acontecimiento hasta el día de hoy”.
Familiares hasta este día, continúan buscando a sus seres queridos que nunca fueron encontrados, aún no se sabe con certeza cuántas personas fueron las que murieron en manos de soldados estadounidenses. Durante ese ataque se movilizaron 26,000 soldados donde usaron armas y cargamentos de última generación para derrotar al líder político Manuel Antonio Noriega, quien fue acusado por autoridades estadounidenses como narcotraficante.
Además, Méndez agregó: “a 32 años de ese nefasto acto militar contra un pueblo indefenso, al margen del militarismo que ellos mismos clavaron en América Latina y en Panamá en su política contrainsurgente, nuestro pueblo sigue trillando por la transformación de un país que debe asumir su soberanía plena”.
Por otro lado, el arzobispo, José Domingo Ulloa, dijo durante una conferencia que la invasión de los estadounidenses ha sido de los acontecimientos más dolorosos en la historia de Panamá. Alrededor de 202 civiles y 314 militares fueron asesinados ese día, así lo confirma el medio panameño, Panamá Files, sin embargo extraoficialmente se habla entre 500 y 4 mil civiles fallecidos.
Ulloa hace hincapié que: “Aunque han transcurrido 32 años, es imposible ser indiferentes y mucho menos insensibles al escuchar el clamor de las víctimas y de los familiares de los fallecidos a causa de la invasión. Recordar las escenas dantescas de cómo quedó nuestro país, no solo en la ruina material sino también moral, aún estremecen nuestra conciencia”.
La Comisión Especial que fue creada 2016 que tiene como fin investigar el número de víctimas, identificarlas y establecer la base para probables reclamos individuales por parte de familiares, ha determinado que la gran mayoría de los asesinados no eran aliados del gobierno de Noriega sino civiles, quienes sufrieron estas consecuencias debido a la violación de protocolos de guerra por parte de los Estados Unidos.
El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, decretó el 20 de diciembre el día de luto nacional por la invasión en 1989.
