Tras la llegada al poder del comunista Pedro Castillo está poniendo en riesgo en el país tanto la libertad de expresión como el derecho a la información. El corte de la emisión de PBO Radio, una de las principales emisoras del país que da voz a los opositores.
Luego de este hecho, la Fiscalía de Perú dio orden a la Policía que cortara la transmisión de la señal, una decisión que tomó a todos por sorpresa, pues representantes del medio afirmaron que no hubo una advertencia previa.
Agentes y funcionarios llegaron a la planta de antenas desde donde transmite PBO Radio, donde los trabajadores de PBO afirmaron que se encontraron con el transmisor de la señal inoperativo, los equipos de seguridad rotos, esto hecho fue realizado con ayuda de equipo técnico, y confirmaron que se les prohibió la entrada hasta el lugar exacto donde se desarrolla toda la señal.
El conocido periodista opositor al régimen, Phillip Butters, denunció que: “llegaron unos sujetos, no se han identificado, con chalecos del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, otros con chalecos de la Fiscalía, no han dejado ninguna notificación, han ingresado, han hecho un descerraje y se han llevado un equipo”.
Por lo que representantes de ese medio de comunicación señalan que el periodismo crítico que realizaban ha molestado al régimen de Perú. “Quieren callarnos. Esto es un tema político, una venganza de Zoraida Ávalos, quien es la fiscal general de Perú y Javier Gallardo, el actual jefe de la Policía Nacional de Perú”, así lo ha confirmado Butters, por medio de una entrevista.
El pasado mes de septiembre, el Partido Político Nacional Perú Libre avanzó sus intenciones de acabar con la prensa libre y presentó un proyecto de Ley que contempla el control del contenido de los medios de comunicación por parte del Gobierno, incluida la posibilidad “excepcional y transitoria” de asumir temporalmente la explotación directa de redes de telecomunicaciones.
Estos hechos demuestran un claro atentado contra la libertad de expresión e información por el que todo ciudadano tiene derecho. Ciudadanos condenan este tipo de acciones que solo permite al país retroceder, limitando a los medios de comunicar e informar a los habitantes.
