La policía de Sri Lanka recibió órdenes para disparar sin aviso previo contra los manifestantes con el objetivo de mantener el orden y evitar saqueos en el país debido a las protestas que iniciaron a finales de marzo contra la gestión que el gobierno ha hecho en el tema de la crisis económica.
De hecho, la pandemia del COVID-19 paralizó tanto el sector turístico, que de 4,4 millones de dólares durante su primer auge en 2018 saltó en 2021 a 200 millones de dólares para luego caer drásticamente.
Asimismo, el ministro de Finanzas, Ali Sabry, asegura que los crecientes precios del petróleo, que superan los 100 dólares por barril, son otra de las causas de la precaria situación económica de este país.
En virtud de esta crisis, miles de personas se reunieron para protestar cerca de la residencia del presidente, Gotabaya Rajapaksa, quienes además prendieron fuego a viviendas de legisladores locales y dañaron 136 casas.
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Las protestas llevaron a la dimisión del primer ministro, Mahinda Rajapaksa, hermano del actual mandatario.
Como parte de la protesta, los manifestantes prendieron fuego a un autobús de la policía quien tuvo que recurrir a cañones de agua y gas lacrimógeno para dispersar a quienes intentaban asaltar el edificio.
Tras los enfrentamientos que dieron como saldo 53 detenidos, las autoridades decretaron toque de queda en Colombo y declararon estado de emergencia nacional. Posteriormente, todos los miembros del gabinete ministerial presentaron su dimisión.
Esta protesta tuvo como resultado unas nueve personas fallecidas, incluyendo dos policías, tras los enfrentamientos y otras 200 resultaron heridas.
