La Primera Dama de El Salvador, Gabriela de Bukele, presentó ante la Asamblea Legislativa la iniciativa de Ley Crecer Juntos, misma que fue aprobada por el pleno con 76 votos, que busca brindar una protección integral de la niñez y adolescencia desde la Primera Infancia, por lo que prioriza políticas, proyectos y programas dirigidos a ellos.
La referida ley responde a la necesidad de contar con una normativa que proteja y garantice los derechos de la niñez y adolescencia desde los cero años y busca reforzar el rol de la familia, ya que según la primera dama, esta juega un papel clave en su desarrollo.
Entre otras cosas, la normativa aborda aspectos como: la definición de Primera Infancia y el establecimiento de garantías para su desarrollo integral, establece además que los beneficiados de la ley son las personas desde el instante de la concepción hasta cumplir los 18 años, da especial énfasis al enfoque de discapacidad, inclusión, género y derechos humanos en todo el contenido de la ley, asimismo establece la obligación al Estado a invertir en primera infancia, niñez y adolescencia de manera gradual.
Además, la ley contempla aspectos como el derecho a contar con una identidad formal y un número único de identidad que agilice los procesos de inscripción tras el nacimiento, garantizando los diversos derechos del niño y adolescente.
Crecer Juntos reconoce el derecho a la salud, a la atención integral, a la lactancia materna, a la identidad, a la educación, al acceso a la cultura, al descanso y recreación, así como a la libertad de expresión, a opinar y ser escuchados.
Pero también incluye la protección y atención de los niños y adolescentes con discapacidades y de aquellos que forman parte de los grupos más vulnerables, así como velar por su salud física y mental de forma integral.
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Consecuente a la ley se establece la creación e instalación de los Centros de Atención a Primera Infancia (CAPI), estos serán espacios de estimulación y educación inicial para la niñez desde los primeros meses hasta un día antes de cumplir los cuatro años de edad.
Las instituciones públicas y privadas con más de 100 empleados deberán instalar o contratar los servicios de los Centros de Atención a Primera Infancia y las alcaldías por su parte deberán tener un CAPI público en sus localidades, es decir, 262 a nivel nacional.
El responsable de supervisar el cumplimiento de la normativa será el CONAPINA, ente rector con competencias y marco legal sólido. En virtud de ello deberá cumplir con algunas funciones primordiales, como: defender los derechos de las niñas, niños y adolescentes, coordinar el Sistema Nacional de Protección Integral, entre otros.
