El presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, aprobó la destitución de la fiscal general, Irina Venedíktova y del jefe del Servicio de Seguridad (SBU), Iván Bakánov.
Zelenski argumenta que su decisión obedece al hecho de que más de 60 fiscales y agentes de seguridad han permanecido en los territorios controlados por Rusia y están trabajando para perjudicar al Estado ucraniano.
Entre otras cosas, detalló que se han registrado 651 procedimientos penales con respecto a la traición y actividades de colaboración contra empleados de la Fiscalía, órganos de investigación preliminar y otros organismos policiales».
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El adjunto de Venedíktova, Alekséi Simonenko, fue nombrado fiscal general en funciones, cuyo nombre aparece en el sitio web ucraniano Mirotvórets, que publica datos de personas consideradas una amenaza para la seguridad nacional de Ucrania.
El portal refleja que «aprovechando la breve ausencia del fiscal general de Ucrania, en flagrante violación del juramento y de las leyes de Ucrania», Simonenko firmó en 2021 «una sospecha inventada de delito» de traición contra el exmandatario ucraniano, Piotr Poroshenko.
